Ya existe una denuncia formal contra Vanessa “N” ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, por la muerte de Huellitas, el cachorro que fue asesinado por la estudiante del CBTIS de Huauchinango para exhibirlo en redes sociales.
La semana pasada la joven señalada mató y torturó a un cachorro que era reconocido por la comunidad, luego de haberlo pedido para adoptarlo. Tras el violento acto, lejos de mostrar arrepentimiento, la estudiante subió fotos y videos en sus redes sociales para exponer cómo asesinaba al cachorro, por lo que fue cuestionada por sus compañeros, a quienes respondió que mató al animal “porque quiso”.
En una conversación de WhatsApp que ha sido compartida en redes sociales, como parte de las denuncias públicas, se puede leer a la joven agregar que “de hecho, mi objetivo era matar a un gato, pero como era difícil y se me presentó la oportunidad dije ¡ah! va”.
El hecho causó el enojo de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico de Industrial y de Servicios 86 (CBTIS) quienes se manifestaron en el plantel, ubicado en el municipio de Huauchinango.
Las y los estudiantes posteriormente acudieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para entregar un pliego petitorio, así como a las autoridades del plantel, el cual exigía la expulsión inmediata de la estudiante y la introducción de acompañamiento psicológico para la concientización tanto a estudiantes como a profesores del maltrato animal.
Tras los hechos, la secretaría del medio ambiente informó que “en concordancia absoluta a los preceptos del gobernador Sergio Salomón, sobre el respeto que merece toda forma de vida, la Secretaría del medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) reprueba cualquier acto violento (…) Por lo anterior, a través del Instituto de Bienestar Animal y el equipo jurídico, la SMADSOT presentó la renuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado en apego a las atribuciones establecidas en la ley de Bienestar Animal del Estado”.
El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, sentenció que hay una legislación al respecto que debe hacerse cumplir, recordando que la pena por este delito podría alcanzar de hasta ocho años de prisión.
Con información de El Financiero.
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