El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto con reformas a la Ley General de Educación, en materia de salud alimentaria en las escuelas, el cual entra en vigor mañana jueves 21 de diciembre.
Señala un comunicado que el 25 de octubre de 2022 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de salud alimentaria en las escuelas.
Establece que los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los que definan la preparación, distribución y expendió de los alimentos y bebidas preparadas, procesados y a granel, dentro de las escuelas, serán evaluados y actualizados cada cinco años.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, también contempla que las cooperativas, establecimientos de consumo escolar, comedores y máquinas expendedoras o sus equivalentes, tendrán el compromiso de fomentar estilos de vidas saludables en la alimentación.
Subraya que las disposiciones de carácter general son enunciativas más no limitativas, en lo que respecta a los criterios de sostenibilidad, progresividad, la ausencia de conflicto de interés y la garantía del interés superior de la niñez, la regulación de la venta de alimentos y bebidas naturales y preparados saludables, sostenibles y de la región, así como el consumo de agua simple potable.
Además, la prohibición de la venta y publicidad de los alimentos y bebidas procesados y a granel que no favorezcan la salud de los educandos o la pongan en riesgo por su bajo valor nutricional de acuerdo con los criterios nutrimentales incluidos en el artículo 212 de la Ley General de Salud y las demás disposiciones en la materia.
En los artículos transitorios se define que la SEP contará con un plazo no mayor de 180 días, contando a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, para actualizar los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo.
En tanto, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios deberán adecuar sus leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en un plazo no mayor de dos años. Especifica que las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gasto responsables para el presente año fiscal y los subsecuentes, por lo que de manera progresiva se otorgarán los recursos.
Con información de Quadratín.